Desde hace 13 años Irene Cruz Zúñiga, mujer oaxaqueña de origen mixteco, vive postrada en una cama.
Irene es un caso emblemático de morbilidad materna (secuelas en la salud por complicaciones en el parto, embarazo o puerperio), violencia obstétrica, falta de acceso a la justicia y de reparación integral del daño, y vulneración de los derechos sexuales y reproductivos.
“Cuando mi hermana salió de la casa para aliviarse, alcanzó a voltear y me dijo: ‘luego seguimos platicando’. Tengo 13 años esperando esa plática”, dice a Cimacnoticias Carlos Cruz Zúñiga, sentado en medio de la habitación de adobe que Irene comparte con sus padres y su hermana menor y que al mismo tiempo es comedor, sala y dormitorio.
La familia Cruz Zúñiga vive en Barranca Fiera, una de los parajes que integran la comunidad de Morelos, localidad perteneciente al municipio de Santa Cruz Itundujia, en Oaxaca. El nombre del paraje se debe a una caída de agua ubicada en la localidad, pero bien podría describir la condición de inaccesibilidad a servicios básicos en la que viven sus habitantes.
Con la voz entrecortada, Carlos recuerda que él y su hermana pasaron su infancia jugando entre los árboles, y su juventud dedicada a la pizca de café en los municipios vecinos. Ella se casó a los 25 años de edad y tenía la ilusión de tener una familia grande, su primer y único embarazo ocurrió un año después.
Irene dio seguimiento a su embarazo con las brigadas médicas voluntarias que cada mes visitaban Barranca Fiera. En esos años la comunidad de Morelos, y más aún la colonia, carecían de servicios de salud.
En 2008 se inauguró un Centro de Salud, pero actualmente no atiende emergencias médicas, lo que abre la puerta a que historias como la de Irene se repitan.
PARTO
La noche del 20 de junio de 2001 Irene presentó dolores de parto. Como era la tradición de la comunidad, fue auxiliada por una partera. Pasaron las horas y el producto “no se acomodó”, así que la partera la mandó a la unidad de salud “más cercana”, es decir a dos horas de distancia.
Su entonces esposo, Alberto Núñez Cruz, y sus padres, Enrique Cruz y Maura Zúñiga García, la llevaron a Santa Cruz Itundujia donde la tarde del 21 de junio de ese año no la pudieron atender porque no tenían el equipo necesario para emergencias obstétricas.
“Como no había ambulancia”, una camioneta del municipio llevó a Irene al Hospital Rural del IMSS más cercano, ubicado en el municipio de Tlaxiaco, lo que le implicó dos horas más de camino de terracería.
Finalmente, la madrugada del 22 de junio a Irene le practicaron una cesárea de emergencia. De acuerdo con el expediente médico también se ordenó implantar un dispositivo intrauterino (DIU) sin el consentimiento de Irene o su familia, pues se sabe que ella deseaba tener más hijos.
Hasta la fecha se desconoce si el DIU fue implantado o no, pues no se dio seguimiento ginecológico.
Horas después su esposo, Alberto Núñez, fue informado de que la situación de Irene y su hijo era grave, y sin más información la trasladaron al Hospital Civil de Oaxaca (Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, ubicado a tres horas de distancia en la capital del estado y perteneciente a los Servicios de Salud de la entidad).
De acuerdo con el expediente médico, Irene salió de Tlaxiaco con un pronóstico de “Glasgow” (escala que evalúa el nivel de conciencia de las personas víctimas de traumatismo craneoencefálico) de “bueno para la vida, malo para la función”.
El Hospital Civil le diagnosticó “encefalopatía hipóxica isquémica”, es decir pérdida total de la movilidad y razonamiento.
CONSECUENCIAS
Doña Maura, mamá de Irene, cuenta a esta agencia que las horas en Tlaxiaco (mientras intervenían a Irene) fueron de incertidumbre, y debido al cansancio de los trayectos ella decidió ir a descansar a casa de unos familiares.
“Me iba a acostar y llegó mi esposo a decirme que Irene estaba mal y que la iban a llevar a Oaxaca, que yo tenía que quedarme a cuidar al bebé”.
Desde ese momento y hasta la fecha, doña Maura está a cargo de Epafrodito, quien “pasó ocho días en la incubadora. Para que me lo pudiera traer (a la casa) me enseñaron a alimentarlo con fórmula y leche en polvo; al principio era bien complicado, yo ya no estaba en edad de cuidar bebés; con el paso del tiempo tuve que dividir mi tiempo para cuidar al bebé y a Irene.
“Afortunadamente ya creció y se vale por el mismo, ahora sólo me levanto a hacerle su atole antes de las 5:30 de la mañana, que es la hora a la que sale para caminar hasta la secundaria. Cuando toda la familia se va, yo le hablo a Irene con la esperanza de que se levante un día y vuelva a platicar conmigo”, dice la mujer, quien explica que ahora su hija se comunica con ella con miradas y parpadeos.
Irene pasó una semana en terapia intensiva y dos meses en medicina interna del Hospital Civil. “Nuestra forma de estar ahí era tender un cartoncito para dormir”, recuerda su hermano Carlos.
“Era muy doloroso ver a mi hermana con tubos, estaba irreconocible. Ya no teníamos dinero y los médicos nos dijeron que si pasaba un poco de té y atole por la boca podíamos alimentarla en casa; como si pudo hacerlo la dieron de alta.
“Primero la reingresamos al hospital de Tlaxiaco (donde estuvo 15 días), pero los desgastes económicos ya eran bastantes y decidimos traerla al cuarto. A partir de entonces nos hacemos cargo de ella, un tiempo intentamos que fuera a rehabilitación, pero el dinero que sacamos del campo no nos rindió”, relata Carlos.
Don Enrique, padre de Irene, explica que fue hasta 2012 que, gracias a un peritaje médico, supieron que la anestesióloga colocó la anestesia sin controlar la presión, lo que provocó varios paros cardiacos que impidieron que el oxígeno llegara al cerebro y finalmente le provocaron la inmovilidad que ahora padece.
Eso se tradujo, detalla don Enrique, en la obligación de incrementar su jornada en el campo para mantener a su nieto, y significó que al volver a casa “en lugar de descansar deba mover a su hija de posición para que no le salgan llagas”.
Mientras hace tortillas a mano, Enimia Cruz Zúñiga, hermana menor de Irene, cuenta que desde los 21 años dedica parte de su vida a cuidar a su hermana y a su sobrino. “Mi día empieza desde las 5 de la mañana y acaba a las 9 de la noche”; lo más difícil es lograr que Irene coma, detalla.
Enimia decidió no formar una familia y no ejercer la maternidad debido a que “lo que le sucedió a mi hermana me creó desconfianza; yo sentí que me podía pasar algo igual y tener un sufrimiento así; me afectó mucho y hasta ahorita tengo miedo”. También abandonó sus planes de salir de la comunidad y trabajar.
Ella se siente defraudada por los servicios de salud y asegura que ser mujer en su comunidad es “muy difícil”, y sin saber mucho de cómo funciona el sistema sanitario, considera que para evitar más casos como el de su hermana “necesitamos una doctora, pues ella es de más confianza para las mujeres, para que no de repente lleguen a manos de alguien que no conocen y no saben cómo las va a tratar”.
IMPUNIDAD
Durante la estancia de Irene en el Hospital Civil de Oaxaca su esposo comprendió que el caso no era algo “que simplemente había ocurrido por mala suerte”, y empezó su exigencia de justicia: presentó una demanda por negligencia médica.
Alberto Núñez Cruz se presentó ante el Ministerio Público del fuero común adscrito al Hospital Civil de Oaxaca el 30 de junio de 2001. Carlos asegura que por dos meses su cuñado pudo pagar “unos abogados que parece que no hicieron nada por el caso”.
“Ya habíamos ido en tres o cuatro ocasiones a Tlaxiaco para que nos explicaran por qué mi hermana había salido así, si estaba perfectamente bien, pero todos nos cerraron las puertas”, explica Carlos.
La situación económica de la familia obligó a Alberto a emigrar a Estados Unidos; aunque volvió por un tiempo, después marchó de nuevo y hasta hoy la familia desconoce su paradero. Nadie dio seguimiento al proceso judicial.
Pese a la denuncia, la familia nunca recibió notificaciones o información relativa al curso de la investigación y al proceso legal. Fue hasta 2010, con el relevo en el gobierno estatal, que el expediente fue desempolvado. La familia fue citada a declarar nuevamente en la ciudad de Oaxaca.
La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) cometió dilaciones y omisiones que entorpecieron el caso, ya que tardó mucho tiempo en pedir los informes médicos, no realizó los peritajes correspondientes, y el expediente quedó almacenado por años.
Hasta el 19 de octubre de 2011 la PGJO determinó declinar la competencia a favor de la Procuraduría General de la República (PGR), en razón de que el delito fue cometido por servidores públicos del IMSS, que son del orden federal. Así, la instancia inició la averiguación previa AP/PGR/OAX/HL/195/2011.
Fue hasta el 6 de julio de 2012 que la PGR encontró a María de Lourdes Franco Vásquez, anestesióloga de la cesárea, como probable responsable del delito de lesiones culposas con la agravante de responsabilidad profesional, usurpación de profesión, y ejercicio indebido del servicio público. Por ello solicitó el auto de formal prisión en su contra.
El 21 de agosto de ese año el Juez Cuarto de Distrito dictó el auto de formal prisión contra Franco Vásquez. Pero la anestesióloga, tras pagar una fianza, interpuso un recurso de apelación que fue radicado en el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca.
REPARACIÓN DEL DAÑO
En diciembre de 2013, el magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez, del Primer Tribunal Unitario, determinó que el delito había prescrito, resolución que dictó luego de solicitar la elaboración de un peritaje antropológico con perspectiva de género, para tener mayor conocimiento del contexto cultural, pues se trataba de una víctima de origen indígena.
Antes de emitir el acuerdo judicial, el magistrado recibió un Amicus Curiae (argumentos jurídicos de especialistas sobre un caso judicial) elaborado por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y en el que recomendó medidas de reparación integral del daño para las víctimas (Irene, su hijo y su familia), por parte de autoridades estatales y federales.
En su fallo, el magistrado consideró que las lesiones y daños sufridos por Irene aún existían y por tanto determinó que era necesaria la reparación del daño de las víctimas, es decir de Irene y de su hijo, Epafrodito. Al mismo tiempo sostuvo que la familia de Irene (doña Maura, Enimia, don Enrique y Carlos) es víctima indirecta de los hechos.
Como se determinó que el delito prescribió –ya que el Código Penal estatal establece una temporalidad de 10 años para el tipo de lesiones culposas–, el magistrado emitió un acuerdo judicial en el que pide al Estado mexicano otorgar a Irene y su familia una indemnización y rehabilitación, así como las medidas de no repetición que deben implementar diversas dependencias, aunque no precisa qué le corresponde a cada una.
Para la abogada de la familia, Jaqueline Sáenz, el caso sienta un precedente pues es uno de los pocos o el único con una resolución que considera las afectaciones individuales, familiares y colectivas y plantea –aunque de manera limitada, pues no precisa a las dependencias responsables– las formas en que se debe lograr una reparación integral del daño.
Daniela Ramírez Camacho, maestra en Ciencia Política y quien junto con el doctor en Antropología Juan Carlos Martínez Martínez elaboró el peritaje antropológico del caso, explica que Irene sufrió diversas violaciones a sus Derechos Humanos (DH), sobre todo en su salud sexual y reproductiva, su integridad personal, acceso a la justicia y la reparación integral del daño, todo ello enmarcado en un clima de discriminación y segregación contra las mujeres indígenas.
Para Ramírez Camacho las violaciones a los DH son claras desde antes del parto, la falta de accesibilidad y las condiciones precarias de los servicios –y que le hicieron recorrer grandes distancias–, son una muestra de que el Estado mexicano no garantizó plenamente su derecho a la salud.
Además, aunque no se sabe si efectivamente se le colocó el DIU, la sola instrucción de hacerlo indica un mal proceder médico, violencia obstétrica y una violación a los derechos reproductivos, a lo que se suman las omisiones que impidieron que Irene accediera a la justicia de manera expedita.
A decir de Daniela Ramírez, una vez que las dependencias asuman su responsabilidad, el caso de Irene podría contribuir a fortalecer la visión de justicia y de reparación del daño, ya que las medidas van desde que ella y su hijo tengan servicios de salud de por vida, Epafrodito cuente con una beca escolar, y que el Estado remunere económicamente los cuidados que les han brindado sus parientes.
SERVICIOS DE SALUD
Otras de las medidas de no repetición son el mejoramiento de los servicios de salud en la comunidad de Morelos. Al respecto, Faustino Romero García, agente de policía de esa comunidad, reconoce que el Centro de Salud (inaugurado en 2008) a veces no cuenta con los insumos suficientes y son los pobladores los que pagan los gastos del médico pasante que atiende, además de que carece de una ambulancia y los traslados a hospitales cercanos son complicados e implican un gasto considerable para las familias.
Por su parte, Centolia López, una de las dos mujeres que fue agente de policía en la comunidad, sostiene que lo que se necesita es un médico de planta comprometido en atender a las mujeres, y que tenga “el entendimiento de que en el pueblo las que van a ser madres tendrán más confianza si las atiende una mujer”. Por ello, aclara, podría incorporarse a las parteras a esta atención.
Florencia Zamora Muñoz, mejor conocida como “doña Lenchita”, (única partera en la comunidad), asegura que aunque los médicos y las parteras tengan visiones distintas de cómo se debe atender a una mujer, podrían trabajar en conjunto pues aunque ellos tengan conocimientos científicos, ellas tienen la experiencia necesaria aunque muchas veces su sabiduría ancestral es menospreciada, lamenta.
La antropóloga Mirna Cruz Ramos sostiene que en México, pero en particular en Oaxaca, se debe avanzar hacia la construcción de un sistema de salud intercultural, que se refiere a la capacidad de los servicios de salud de aplicar tres modelos de atención: tradicional, biomédico y doméstico, para así lograr que se respeten esos conocimientos y las mujeres de origen indígena puedan acceder a servicios de salud que no perciban como ajenos.
Irene y su familia están en espera de una respuesta por parte de las autoridades involucradas en la reparación integral del daño, pues hasta el momento dependencias como el IMSS o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) les han ofrecido algunos beneficios o una especie de indemnización, pero nada se ha concretado.
Como muestra del desinterés del Estado mexicano por combatir la muerte y morbilidad maternas, así como en garantizar el acceso a la justicia a víctimas de violencia obstétrica, el caso de Irene será expuesto en foros públicos. La violencia obstétrica que enfrentan las mexicanas de poblaciones vulnerables esun tema que ya se ha expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
